Francia aprueba una nueva ley que impone obligaciones de debida diligencia en derechos humanos sobre cadenas de suministro de grandes empresas
El pasado 21 de febrero de 2017 el Parlamento Francés aprobó finalmente la ley que establece la obligación del deber de vigilancia para las empresas matrices y subcontratantes. La aprobación de esta ley supone un paso histórico hacia un mayor nivel de protección y respeto de los derechos humanos y el medio ambiente por parte de las empresas.
La ley, que solo se aplicará a las empresas francesas más grandes, establece para ellas la necesidad de analizar y abordar los impactos adversos que sus actividades provocan en las personas y en el planeta, al tiempo que deberán publicar anualmente planes de vigilancia. Estos incluyen los impactos relacionados con sus propias actividades, con aquellas de las compañías bajo su control directo y los de proveedores y subcontratas, con quienes tengan una relación comercial establecida.
La ley también establece que en caso de que las empresas no cumplan con esta obligación, la ley anima a las víctimas y otras partes afectadas a denunciar el hecho ante la justicia. La ley prevé que se puedan aplicar multas de hasta 10 millones de euros cuando las empresas no publiquen esos planes. Las multas podrán ascender a 30 millones si la no publicación y la no existencia de planes derivan en daños que de otra manera pudiesen hacer sido evitados.
A pesar de ello, diversas organizaciones de la sociedad civil argumentan que el texto de la ley podría haber sido más ambicioso. El alcance de la ley es limitado, afectando solamente a alrededor de 100 grandes empresas. Además, la carga de la prueba a la hora de determinar que la empresa ha fallado en su obligación recae todavía sobre las víctimas –quienes habitualmente no cuentan con los medios para reclamar justicia- lo que supone una acentuación del desequilibrio de poder entre las grandes empresas y las víctimas de abuso. Además, si los daños ocurren a pesar de que la empresa matriz hubiese implementado un plan de vigilancia adecuado, la empresa no será responsable. La ley tampoco requiere que las empresas garanticen resultados, sino simplemente que demuestren que han hecho todo lo que estaba en sus manos a fin de evitar los daños.
Este primer paso que ha dado Francia, deberá ir seguido de próximos pasos en la misma línea legislativa a otros niveles, tanto nacionales, europeos e internacionales. Ya existen iniciativas en este sentido, como en el caso de Suiza donde el año pasado fueron entregadas al gobierno las firmas necesarias para establecer un referéndum en relación con la debida diligencia en materia de derechos humanos.
Más recientemente, este mismo mes, el Parlamento holandés aprobó la propuesta de ley sobre Debida Diligencia en relación con el Trabajo Infantil. Si finalmente se aprueba por el Senado holandés, la ley requerirá a las empresas que identifiquen si existe trabajo infantil a lo largo de sus cadenas de suministro y –si ese es el caso- que desarrollen un plan para evitarlo.
Fuente: Observatorio de RSC