Cada vez son mayores las expectativas puestas por múltiples stakeholders frente a las empresas que operan en otros países, especialmente en los países más empobrecidos, donde las medidas de protección frente a abusos empresariales son a menudo muy escasas. Una preocupación que va en aumento, sin duda, unida a la exigencia de un mayor control del impacto de las operaciones de las empresas en el exterior, como en el caso de las cadenas de suministro.
Pero lo cierto es que con prácticas que protejan y respeten los derechos humanos las empresas pueden contribuir al crecimiento de los territorios donde operan, crear mano de obra, invertir en tecnología e impulsar mercados locales, al tiempo que sus negocios prosperan. Sin duda, las empresas son un gran motor de cambio y pueden generar un desarrollo positivo en las comunidades donde se implanten.
Por su parte, hoy en día son muy importantes los esfuerzos que desde las administraciones se destinan mediante políticas y programas al impulso de la internacionalización. Pero, ¿de qué manera queremos que las empresas se internacionalicen? Las administraciones deben velar porque que todas esas intervenciones garanticen el respeto de los derechos humanos, allí donde las empresas operen.
Y así, gracias a una internacionalización responsable que garantice el respeto de los derechos humanos logramos crear negocios prósperos y más sostenibles, mejorar la vida de las personas y reforzar la reputación de las Marcas y los Territorios Socialmente Responsables.
